Sanciones a la Discriminación.

 

 

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de hoy el proyecto de ley llamado a sancionar la discriminación y las trabas a la movilidad de las personas con discapacidad. El texto, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, establecerá un régimen sancionador ante las infracciones que vulneren la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Según el texto, se considerarán infracciones administrativas las vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, sobre todo cuando se deriven beneficios económicos para el infractor. Las infracciones serán "leves", "graves" o "muy graves", y las sanciones acarrearán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de un millón de euros.

Se tendrán en cuenta factores como la intencionalidad del infractor, la negligencia, el fraude, el incumplimiento de las advertencias previas, el volumen de negocios y el número de personas afectadas. El Consejo de Ministros aprobó asimismo el proyecto de ley que reconocerá la lengua de signos y los sistemas de apoyo a la comunicación oral. La iniciativa atiende a una reivindicación histórica de los colectivos de personas sordas, con discapacidades auditivas y sordo-ciegas para superar las barreras de comunicación que sufren a diario.

Aprendizaje: La norma reconoce la lengua de signos española como lengua de las personas sordas en España que decidan utilizarla. Las administraciones educativas promoverán el aprendizaje de la lengua de signos española al alumnado sordo, con discapacidad auditiva o sordo-ciego, y que libremente haya optado por esta lengua. Además, se garantizará el aprendizaje de la lengua oral y de los medios de apoyo a la comunicación de estos colectivos.

Las administraciones educativas establecerán las titulaciones oportunas para cualificar a profesionales en la enseñanza de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación, la administración educativa competente establecerá las titulaciones oportunas. En cuanto al uso, la norma facilitará el uso de intérpretes de lengua de signos en ámbitos públicos y privados, en el campo educativo, laboral, sanitario, cultural, deportivo, de transporte y medios de comunicación.

Se creará el Real Patronato sobre Discapacidad, del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española para investigar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua, así como el Centro Español de Subtitulado y la Audio-descripción.

Este último organismo deberá promover iniciativas destinadas a extender la subtitulación y la audio-descripción. El proyecto de ley reconoce la existencia de la lengua de signos catalana, junto a la española, la única reconocida por la comunidad sorda en España.

Colpisa (13/01/2006)