El COPAGO

 

Todo son buenas palabras hacia la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, que está previsto que entre en vigor en enero, tras su aprobación en el Senado y el Congreso. No obstante, los sectores implicados reconocen la existencia de cierta incertidumbre ante el sistema de financiación de la misma, que incluye el copago por parte de los beneficiarios de los servicios.

El todavía proyecto de ley señala que la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que surge de la norma, correrá a cargo de la Administración central y las Comunidades Autónomas al 50 %. No obstante, los beneficiarios del sistema participarán en la financiación del mismo en función de su renta y patrimonio "de forma equilibrada y justa", teniendo en cuenta que ninguna persona dejará de recibir atención por falta de recursos.

La aportación concreta de los beneficiarios todavía no ha sido definida, aspecto que genera expectación sobre todo entre los colectivos afectados. Tras la aprobación definitiva de la ley, será el Consejo Territorial (Gobierno y Comunidades Autónomas) el que decida la implicación económica de los ciudadanos.

Aunque el sistema de copago de las plazas asistenciales ya es utilizado de forma generalizada en lo que se refiere a la aportación de parte de sus rentas por parte de los usuarios, la gran novedad será la inclusión del patrimonio del beneficiario en este sistema de financiación.

"Preocupación"

El consejero de Servicios Sociales y Familia del Gobierno aragonés, Miguel Ferrer, reconoció que las Comunidades Autónomas están "preocupadas por las incógnitas" que aún quedan por despejar, especialmente las relativas al copago y al sistema de valoración de las personas dependientes. No obstante, confió en que se logre "el consenso" en el seno del Consejo.


Ferrer no se pronunció sobre la cantidad de dinero que deberán aportar los beneficiarios o sobre el destino de su patrimonio. Lo que sí quiso dejar claro para tranquilizar a los ciudadanos es que "la ley no establece diferencias entre las personas con y sin recursos, todos entran".

Los números que sí que tiene claros el consejero son los relativos al coste de la norma en Aragón: unos 350 millones de euros en sus ocho años de implantación. El consejero precisó que esta cifra responde a "unos mínimos", ya que el coste definitivo se conocerá cuando se realice la valoración de las personas dependientes.

Se calcula que en Aragón pueden beneficiarse de la ley unas 45.000 personas con algún tipo de dependencia. No obstante, existen muchos usuarios que no están registrados en los servicios sociales porque son atendidos en sus casas por familiares y que pueden ver la luz cuando se ponga en marcha la norma y comiencen a llegar las ayudas.

De momento, para 2007, se destinarán unos 30 millones de euros (15 el Gobierno central y otros tantos la DGA) para poner en marcha las nuevas medidas. Por ello, el presupuesto del Departamento de Servicios Sociales es el que sufrirá un mayor incremento en las cuentas de la Comunidad para el año que viene.

En este primer año de implantación, se reconocerá el derecho a acceder a las prestaciones a quienes sean valorados como grandes dependientes: aquellos que necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona. Estas personas podrán acudir a los centros sociales de base para su valoración a partir del 2 de enero.

Derecho universal y subjetivo

Pero si a alguien preocupa el copago es a las organizaciones que representan a los afectados. Pedro Sánchez, presidente de CERMI-Aragón, reconoció que este tema "es delicado" y "polémico" ya que la prestación de estos servicios dejará de ser un derecho universal y subjetivo, como lo son la sanidad o la educación. Habrá que esperar, apuntó, a ver los límites de renta y patrimonio que fijan las Comunidades.


Juan Carlos Castro, secretario general de Disminuidos Físicos de Aragón (DFA), aseguró que este colectivo "preferiría que no se pagara nada", aunque reconoció que "los fondos públicos no llegan" por lo que habrá que echar mano de esta medida.

Por su parte, José María López, presidente de la Federación Aragonesa de Asociaciones de Disminuidos Psíquicos (FEAPS), apuntó que no se niegan al copago "siempre y cuando sea con los ingresos personales del beneficiario", tal y como se está haciendo actualmente en algunas residencias. En cuanto a la polémica sobre el patrimonio del usuario en el sistema de pago, señaló que es una cuestión que hay que cerrar en el Consejo Territorial.